El Programa de Acción Diferida Protege a los No-Ciudadanos Victimas de y Testigos a Violaciones de Leyes Laborales Contra la Deportación
Chicago – El procurador general Kwame Raoul junto con la procuradora general de Massachusetts Andrea Joy Campbell, y la oficina de estándares laborales de Seattle, encabezaron una coalición de 26 procuradores generales, agencias laborales estatales y locales pidiendo que el Departamento de Seguridad de la Nación (“Department of Homeland Security o DHS) extienda el periodo de protección bajo su programa de acción diferida para los no-ciudadanos víctimas de y testigos en investigaciones laborales de 2 a 4 años.
La carta de Raoul y la coalición explica que el programa de acción diferida permite a agencias laborales de gobierno conducir investigaciones de violaciones laborales y asegurar la cooperación de no-ciudadanos victimas de y testigos a dichas violaciones al remover su miedo a la deportación. Sin embargo, debido a la naturaleza compleja de dichas investigaciones estas seguido pueden extenderse más allá de los dos años.
“Todos los trabajadores tienen derecho a un trato justo y seguro en su lugar de trabajo sin importar su estado de ciudadanía y el miedo a la deportación no debe impedir que participen en una investigación de violaciones laborales.” dijo Raoul. “Le Urjo al Departamento de Homeland Security extender el periodo de protección bajo su programa de acciones diferida para asegurar que nuestras investigaciones resulten en que los empleadores sean responsables por violar leyes laborales. Estoy orgulloso de liderear esta coalición diversa y defender los derechos y dignidad de los trabajadores.”
Los trabajadores no-ciudadanos son empleados de forma desproporcional en industrias de baja paga. Estos trabajadores son particularmente vulnerables a ser explotados por sus empleadores quienes violan sus derechos con prácticas ilegales como pagar menos del salario mínimo, no pagando todos sus salario debidos, pagando de forma tardía, no pagando overtime, y no manteniendo una póliza de aseguranza para accidentes en el trabajo.
En esta carta, Raoul y la coalición afirman que extender el periodo de protección bajo el programa de acción diferida de 2 años a 4 años es necesario para asegurar que los trabajadores no-ciudadanos sean menos vulnerables al miedo a ser deportados. Dicha extensión del periodo de protección ayuda a las agencias gubernamentales que enfuerzan la ley a completar sus investigaciones de forma exitosa y a buscar justicia para los trabajadores afectados por violaciones laborales sin importar su estado migratorio así como para los empleadores que si siguen la ley.
Añadiéndose a Raoul, Campbell y la Oficina de Estándares Laborales de Seattle en mandar esta carta se encuentran los procuradores generales de California, Colorado, Connecticut, el Distrito de Columbia, Delaware, Hawaii, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada Nueva Jersey, Nueva York, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island and Vermont, así como la Agencia de Desarrollo Laboral de California, la Oficina del Comisionado Laboral de California, el Departamento de Relaciones Industriales de California, el Departamento de Salud y Seguridad Laboral de California, el Departamento de Relaciones Laborales en Agricultura de California, la Oficina de el Auditor Laboral de Denver, la Oficina de Igualdad Laboral del condado de Los Ángeles, la Oficina del Fiscal del Condado de Travis, y la Contraloría de la Ciudad de Nueva York.
